“¿Quién podría haber imaginado hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos (…) en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue a través de la defensa de esos derechos que consiguieron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que el poder, una vez conquistado, vire tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon por encumbrar ese poder? ¿Por qué razón, siendo el poder de las mayorías más pobres, es ejercido en favor de las minorías más ricas? ¿Por qué es que, en este aspecto, es cada vez más difícil distinguir entre los países del Norte y los países del Sur?”. Estas incómodas preguntas no son realizadas por alguno de los sospechosos habituales de las ONGs independientes de derechos humanos venezolanas, sino por Boaventura de Sousa Santos “uno de los intelectuales que más insiste en la necesidad de descolonizar el conocimiento como paso previo a lograr un clima nuevo de justicia social”, según la descripción de la Agencia Venezolana de Noticias.
De Sousa ha sido entusiasta de algunas de las políticas promovidas por el gobierno bolivariano, cuyos textos son reproducidos con entusiasmo en los diferentes medios de comunicación oficiales. Además, es el autor más citado en el libro Los Derechos Humanos desde el enfoque crítico, editado recientemente por la Defensoría del Pueblo. De Sousa, entonces, es un referente importante para los antiguos activistas hoy devenidos en funcionarios gubernamentales.
La cita proviene de un artículo del brasileño titulado Las últimas trincheras, proveniente de la serie Cartas a las izquierdas, en donde de Sousa es enfático en rechazar no sólo la política de desconocimiento del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos (Comisión y Corte) promovida por los gobiernos autodenominados “progresistas”, sino incluso la reforma del mismo promovida en la actualidad: “En el continente americano la medida más urgente es trabar el avance de la reforma de la CIDH. En esa reforma están siendo particularmente activos países con los que soy solidario en múltiples aspectos de sus gobiernos: Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero en el caso de la reforma de la CIDH estoy firmemente del lado de los que luchan contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del estatuto actual de la Comisión. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha que más han hostilizado al sistema interamericano de derechos humanos, como el caso de Colombia, asistan deleitados al servicio que, objetivamente, les están prestando los gobiernos progresistas”.
A diferencia de funcionarios que promueven políticas aventureras e irresponsables, de Sousa sabe matizar y separar la paja del grano: “Sabemos que el sistema interamericano de derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos porque los dos países más poderosos de la región (Estados Unidos y Canadá) ni siquiera firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También sabemos que, en el pasado, tanto la Comisión como la Corte revelaron debilidades y selectividades políticamente sesgadas. Pero también sabemos que el sistema y sus instituciones se han fortalecido, actuando con mayor independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con la que han condenado numerosas violaciones a los derechos humanos”. En nuestro país diferentes víctimas, provenientes de los estratos más humildes pueden avalar esta afirmación.
¿En qué consiste esta reforma? Boaventura nos lo explica: “A espaldas de la CIDH y con fuertes limitaciones a la participación de los organismos de derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara una serie de recomendaciones para buscar su aprobación en la Asamblea General Extraordinaria, a más tardar en marzo de 2013 (hasta el 30 de septiembre los Estados presentarán sus propuestas). Por lo que se sabe, todas las recomendaciones apuntan a limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados por violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo: dedicar más recursos a la promoción de los derechos humanos y menos a la investigación de las violaciones; acortar los plazos de investigación para que se vuelva imposible realizar análisis cuidadosos; eliminar del informe anual la referencia a países cuya situación en materia de derechos humanos merezca una atención especial; limitar la emisión y la extensión de las medidas cautelares; terminar con el informe anual sobre libertad de expresión; impedir pronunciamientos sobre violaciones que parecen inminentes pero que aún no se han concretado”.
Boaventura hace un pertinente llamado en el corolario de su texto: “A los militantes por los derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados por el futuro de la democracia en el continente les toca ahora detener este proceso”. ¿Será escuchado por sus discípulos y discípulas en Venezuela, empeñados en desmantelar los mecanismos de protección internacionales en nombre de una sesgada y panfletaria concepción, redactada en un escritorio bajo la comodidad del aire acondicionado?
Rafael Uzcategui
De Sousa ha sido entusiasta de algunas de las políticas promovidas por el gobierno bolivariano, cuyos textos son reproducidos con entusiasmo en los diferentes medios de comunicación oficiales. Además, es el autor más citado en el libro Los Derechos Humanos desde el enfoque crítico, editado recientemente por la Defensoría del Pueblo. De Sousa, entonces, es un referente importante para los antiguos activistas hoy devenidos en funcionarios gubernamentales.
La cita proviene de un artículo del brasileño titulado Las últimas trincheras, proveniente de la serie Cartas a las izquierdas, en donde de Sousa es enfático en rechazar no sólo la política de desconocimiento del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos (Comisión y Corte) promovida por los gobiernos autodenominados “progresistas”, sino incluso la reforma del mismo promovida en la actualidad: “En el continente americano la medida más urgente es trabar el avance de la reforma de la CIDH. En esa reforma están siendo particularmente activos países con los que soy solidario en múltiples aspectos de sus gobiernos: Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero en el caso de la reforma de la CIDH estoy firmemente del lado de los que luchan contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del estatuto actual de la Comisión. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha que más han hostilizado al sistema interamericano de derechos humanos, como el caso de Colombia, asistan deleitados al servicio que, objetivamente, les están prestando los gobiernos progresistas”.
A diferencia de funcionarios que promueven políticas aventureras e irresponsables, de Sousa sabe matizar y separar la paja del grano: “Sabemos que el sistema interamericano de derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos porque los dos países más poderosos de la región (Estados Unidos y Canadá) ni siquiera firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También sabemos que, en el pasado, tanto la Comisión como la Corte revelaron debilidades y selectividades políticamente sesgadas. Pero también sabemos que el sistema y sus instituciones se han fortalecido, actuando con mayor independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con la que han condenado numerosas violaciones a los derechos humanos”. En nuestro país diferentes víctimas, provenientes de los estratos más humildes pueden avalar esta afirmación.
¿En qué consiste esta reforma? Boaventura nos lo explica: “A espaldas de la CIDH y con fuertes limitaciones a la participación de los organismos de derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara una serie de recomendaciones para buscar su aprobación en la Asamblea General Extraordinaria, a más tardar en marzo de 2013 (hasta el 30 de septiembre los Estados presentarán sus propuestas). Por lo que se sabe, todas las recomendaciones apuntan a limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados por violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo: dedicar más recursos a la promoción de los derechos humanos y menos a la investigación de las violaciones; acortar los plazos de investigación para que se vuelva imposible realizar análisis cuidadosos; eliminar del informe anual la referencia a países cuya situación en materia de derechos humanos merezca una atención especial; limitar la emisión y la extensión de las medidas cautelares; terminar con el informe anual sobre libertad de expresión; impedir pronunciamientos sobre violaciones que parecen inminentes pero que aún no se han concretado”.
Boaventura hace un pertinente llamado en el corolario de su texto: “A los militantes por los derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados por el futuro de la democracia en el continente les toca ahora detener este proceso”. ¿Será escuchado por sus discípulos y discípulas en Venezuela, empeñados en desmantelar los mecanismos de protección internacionales en nombre de una sesgada y panfletaria concepción, redactada en un escritorio bajo la comodidad del aire acondicionado?
Rafael Uzcategui
Coordinador del Area de Investigación de Provea
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