En efecto, tales
afirmaciones están, en primer lugar,
total y absolutamente apartadas de la realidad, y además constituyen una ofensa
grave, directa e injustificada hacia las miles de mujeres que, como ella misma,
han cursado estudios universitarios en Venezuela.
Asimismo, ponen de manifiesto un prejuicio,
según el cual las mujeres no tendríamos los requisitos intelectuales
suficientes como para ser admitidas -en igualdad de circunstancias a las de los
hombres- en la educación superior, sino que debemos hacer uso de nuestro cuerpo
para lograrlo. Discriminación rechazada en los
Tratados internacionales de Derechos Humanos, especialmente los mandatos
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, así como en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia que consagran y protegen los derechos de
las mujeres.
Lo cierto es que la
propia realidad venezolana desmiente las desafortunadas expresiones de quien
está obligada constitucionalmente a luchar por la erradicación de estereotipos
machistas y por el mantenimiento de la dignidad de las mujeres.
Así, el número de
estudiantes en la educación superior nacional de sexo femenino ha ido creciendo
progresivamente hasta superar, desde hace ya varias décadas, al de estudiantes
de sexo masculino. Sería absurdo pensar que los cientos de miles de mujeres que
han llenado las aulas de las universidades públicas y privadas nacionales
durante el último siglo han tenido que ofrecer favores sexuales a cambio de
obtener un cupo, especialmente cuando ha existido un proceso de admisiones en
el que la aptitud y la capacidad académica
han sido los elementos determinantes, sin distinciones de sexo, raza o
condición social; cuando, asimismo, se han previsto mecanismos legales para
supervisar la correcta aplicación de dichos parámetros y cuando un número
importante del personal administrativo encargado de aplicar dichas normas de
admisión ha sido, precisamente, del sexo femenino.
Desmiente de igual
forma el contenido de las declaraciones de la máxima representante del
Ministerio Público, el hecho de que un porcentaje importantísimo de cátedras
universitarias, además de altos cargos académicos y administrativos de las
universidades, como decanatos y rectorías, estén en la actualidad -y lo hayan
estado anteriormente- en manos de mujeres.
De más está decir que
también la participación de las profesionales universitarias graduadas en
Venezuela en cargos medios y altos tanto
de los distintos poderes públicos como del sector privado, a nivel nacional e
internacional, es más que destacada, en todas las áreas del quehacer nacional.
Todo ello no habría sido posible si el ingreso de estas mujeres a la
universidad no se hubiese hecho en base a criterios en los que privara la
formación académica previa y la aptitud intelectual.
Lamentamos
profundamente que para justificar una medida que por lo demás está siendo
adoptada por el Poder Ejecutivo, se utilicen argumentos que no sólo nada tienen
que ver con la realidad sino que ofenden directamente la dignidad y reputación
de miles de mujeres venezolanas y ponen en peligro una lucha constante para
obtener el trato justo que merecemos.
Nos preocupa
sobremanera que unas declaraciones de este tipo, hechas por una funcionaria que
ocupa un cargo de rango constitucional, de los que mayor responsabilidad
asignada tienen en la defensa de los derechos humanos y que además es mujer,
puedan generar en los jóvenes, un prejuicio en contra de las mujeres y que les
generen dudas totalmente infundadas acerca de la capacidad de éstas para
emprender y completar las mismas metas intelectuales que los hombres.
Por tales motivos
exigimos, en defensa de los derechos humanos de las mujeres venezolanas que con
esfuerzo y dedicación han logrado acceder a los estudios universitarios a lo
largo ya de muchos años, que la ciudadana Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz, se retracte públicamente de las citadas declaraciones.
En Caracas, a los 19 días del mes de mayo de 2015
Observatorio
Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
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