La restitución de la democracia es una necesidad impostergable. Venezuela necesita elecciones libres, instituciones independientes, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión y organización, y el fin de la persecución política. Pero debemos tener claro que la democracia no consiste únicamente en cambiar a quienes gobiernan. También significa que la sociedad pueda decidir sobre el modelo económico, político y social que quiere construir.
En la rueda de prensa de Machado se abordaron asuntos como la transición, las elecciones, las inversiones, la reorganización institucional y las relaciones internacionales. Sin embargo, no se observó un planteamiento suficientemente desarrollado sobre la recuperación de los derechos de los trabajadores, los salarios, las pensiones y la libertad sindical. Esta ausencia merece atención, especialmente cuando millones de venezolanos sobreviven con ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades más elementales.
La preocupación aumenta cuando examinamos el programa Venezuela Tierra de Gracia, promovido por Vente Venezuela y defendido por dirigentes de esa organización. Se trata de una propuesta de orientación liberal que contempla, entre otros aspectos, la privatización integral de la cadena petrolera, una amplia apertura del sector energético al capital privado, mecanismos de financiamiento educativo vinculados al estudiante y participación privada en la gestión hospitalaria.
Es legítimo debatir sobre la necesidad de inversiones privadas, nacionales y extranjeras. Venezuela necesita capital, tecnología, capacidad gerencial y recuperación productiva. El fracaso de muchas empresas públicas no significa que toda participación privada sea negativa. Pero tampoco podemos asumir que privatizar garantiza automáticamente eficiencia, bienestar y desarrollo. Ya vemos las experiencias en otros países latinoamericanos y los resultados no benefician a las mayorías. Un ejemplo es el Gobierno de Argentina con Milei a la cabeza.
Sí, se necesitan inversiones, pero cabe preguntarse: ¿en qué condiciones se realizarían, quién conservaría el control de las decisiones estratégicas y cómo se distribuirían los beneficios? Y la pregunta más importante. Qué tipo de ciudadanos pudieran pagar servicios privatizados con los salarios con los que cuenta el ciudadano promedio venezolano.
El petróleo, por ejemplo, no es una actividad económica cualquiera. Es un recurso estratégico cuya explotación debe contribuir al desarrollo de toda la nación. Recuperar la industria petrolera exige inversión y tecnología, pero también transparencia, fiscalización, protección ambiental y garantías de que una parte justa de la riqueza generada se traduzca en mejores condiciones de vida para los venezolanos.
Lo mismo ocurre con la educación y la salud. La participación privada puede complementar la prestación de estos servicios para aquellos que puedan pagarlos, pero no debe sustituir la responsabilidad del Estado de garantizar que todas las personas tengan acceso a ellos, independientemente de sus ingresos. La educación y la salud no pueden convertirse en privilegios de quienes tienen capacidad de pago.
La recuperación económica no puede medirse solamente por el crecimiento de la producción, la llegada de capitales o el aumento de las exportaciones. También debe medirse por los salarios, las pensiones, el empleo digno y la posibilidad de que las familias vivan con dignidad. Esto implica un ingreso suficiente para la existencia y la cobertura de las necesidades básicas integrales de una familia.
Por eso, cualquier programa de transición debe incorporar compromisos concretos con los trabajadores: recuperación del poder adquisitivo, restitución de la contratación colectiva, libertad sindical, respeto a las conquistas laborales y protección frente a despidos arbitrarios, entre otros muchos aspectos. Los trabajadores no pueden ser considerados únicamente como una variable de los planes económicos. Son protagonistas de la producción, crean la riqueza de la sociedad y tienen derecho a participar en las decisiones que afectan su futuro.
Otro asunto fundamental es la soberanía nacional. Durante años, el chavismo utilizó el discurso antiimperialista para justificar la concentración del poder y perseguir a quienes discrepaban de su proyecto. Sin embargo, esa retórica no impidió que Venezuela terminara dependiendo de decisiones y acuerdos con potencias imperialistas como China y Rusia en la era de Chávez y Maduro, y ahora, en la era del tutelaje, con el imperialismo estadounidense. El chavismo se postró ante intereses imperialistas.
La soberanía no pertenece a un gobierno ni a un partido. Pertenece al pueblo venezolano. Tampoco significa aislamiento ni rechazo a las inversiones internacionales. Significa que nuestras relaciones con Estados Unidos y con cualquier otro país deben desarrollarse sobre la base del respeto mutuo, la transparencia y la defensa del interés nacional.
No podemos pasar de un nacionalismo autoritario a una subordinación económica o política frente a intereses foráneos, como ha sucedido recientemente. Pasamos de ser sometidos por China y Rusia, a ser dominados por los gringos. La reconstrucción debe fortalecer nuestra capacidad de decidir como nación. Esto es reivindicar nuestra independencia y autodeterminación.
También debemos comprender que la democracia no termina cuando se deposita el voto. El protagonismo popular debe expresarse en sindicatos autónomos, organizaciones comunitarias, movimientos estudiantiles, asociaciones profesionales y espacios permanentes de participación y contraloría social.
Las asambleas ciudadanas pueden ser útiles, pero no deben convertirse en reuniones para legitimar decisiones previamente tomadas. Deben permitir que la gente discuta, proponga, cuestione y tenga incidencia real en las políticas públicas. Las asambleas no deben ser espacios para la promoción de partidos o candidaturas, deben ser espacios para el debate, la organización de base y la movilización de la ciudadanía por derechos políticos y sociales.
La experiencia venezolana debe servirnos de aprendizaje. Quienes desde la izquierda cuestionamos el proyecto de Hugo Chávez antes de las elecciones de 1998 advertimos que sus promesas podían terminar convirtiéndose en una estafa para los trabajadores y el pueblo. La historia posterior demostró los peligros del personalismo, la concentración del poder, la utilización de las reivindicaciones populares como instrumentos de control político y la entrega de nuestra soberanía y nuestras riquezas a potencias extranjeras.
Esa experiencia también nos obliga a no cometer el error contrario: respaldar sin reservas cualquier proyecto por el solo hecho de oponerse al chavismo. La lucha contra el autoritarismo no exige renunciar a la independencia de pensamiento ni abandonar la defensa de los derechos sociales.
Venezuela necesita un programa de reconstrucción nacional que combine democracia, producción, soberanía y justicia social. Un programa que recupere la industria petrolera y los servicios públicos, impulse la agricultura y la industria, promueva inversiones bajo reglas claras, garantice derechos laborales y coloque la riqueza nacional al servicio de las mayorías.
Se trata de construir una economía productiva, con participación pública y privada, sometida a controles democráticos y orientada al bienestar colectivo.
La nueva coyuntura representa una oportunidad que no debemos desperdiciar. Pero el cambio de gobierno, por sí solo, no resolverá los problemas acumulados durante décadas.
La democracia que necesita Venezuela debe permitirnos decidir no solamente quién gobierna, sino también para quién se gobierna, cómo se distribuye la riqueza y cómo se garantizan los derechos a las mayorías.
La derrota de una dictadura debe abrir el camino a una Venezuela libre, soberana, independiente, productiva y socialmente justa. Una Venezuela donde los trabajadores y el pueblo no sean simples espectadores de las decisiones políticas, sino protagonistas de su propio destino.
René Cedillo
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